En el mundo hay unos 639 millones de armas ligeras, y cada año se fabrican 8 millones más. Las armas son cada vez más rápidas, poderosas y fáciles de conseguir. Pero es un negocio que sigue sin regular en muchos países y ese descontrol propicia la delincuencia y los conflictos violentos.
La importancia de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas resulta clave para lograr una seguridad global. Urge un compromiso legalmente vinculante, que garantice que las transferencias de armamento son controladas por los gobiernos de acuerdo con las mismas normas internacionales. Eso ayudaría a impedir que las armas caigan en manos de asesinos indiscriminados y de quienes abusan y violan los derechos humanos. Pero los gobiernos de todo el mundo apenas están haciendo nada para lograrlo.
Muchos gobiernos y empresas hacen caso omiso del flujo de armas hacia países que violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU -Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China- son responsables del 88 % de las exportaciones de armas convencionales de las que se tiene noticia. Desde 1998 hasta el 2001, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia obtuvieron, por la venta de armas a países en desarrollo, una suma superior a la que gastaron en Ayuda Oficial al Desarrollo. Entre el 80 y el 90% de las armas ilegales procede de las transacciones aprobadas por los gobiernos. Armas que acaban, más de la mitad de las veces, en manos civiles. De los 639 millones de armas que hay desperdigadas por el planeta, 379 millones están en manos de particulares.
En Irak hay actualmente 24 millones de armas en manos de la población civil. Algo falla, cuando los obsesionados por encontrar armas de destrucción son los mismos que se enriquecen con la venta de armas convencionales y mueren bajo sus disparos.
Amnistía Internacional, Intermón-Oxfam y la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras (AINSA) han puesto en marcha la campaña Armas bajo Control para impulsar a los gobiernos a adoptar un acuerdo. La comunidad internacional debería aprobarlo a tiempo para la Conferencia de la ONU sobre Armas Ligeras que se celebrará en 2006. El borrador propuesto por las ONG y apoyado por 19 premios Nobel se basa en los principios y responsabilidades que se derivan del derecho internacional vigente.
En octubre de 2003 se inició la campaña en setenta países. Desde entonces, estas tres organizaciones han logrado que más de 80.000 personas se adhieran a la petición ‘Un millón de rostros’ exigiendo mayor control para un mercado que, cada año, se lleva la vida de 500.000 personas, una por minuto, y mueve la friolera de 21.000 millones de dólares al año.
Brasil, Costa Rica, Holanda, Macedonia, Finlandia, Camboya, Mali y otros seis países ya han firmado la propuesta. Aunque ninguno de ellos es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (y son estos los países que más ganan con el comercio de armas, tan sólo EE.UU. copa el 45% del mercado) supone un gran impulso para lograr que se apruebe un tratado internacional que limite y regule este negocio.
El éxito de las campañas internacionales para prohibir las minas antipersona, cancelar la deuda del Tercer Mundo o establecer la Corte Penal Internacional ha demostrado que la opinión pública es tenida en cuenta por muchos gobiernos. La sociedad civil asume su responsabilidad cuando presiona para que se cambien las cosas.
María José Atiénzar
Periodista
