Los detractores del ingreso de Turquía en la Unión Europea pueden estar tranquilos; hace unos días, el Comisario encargado de los procesos de ampliación, Olli Rehn, les ha facilitado una excelente y tranquilizadora noticia, al afirmar que el calvario europeísta del país otomano podría prolongarse otros 2 ó 3 lustros. Rehn apostó por la calma y el pragmatismo al afirmar que “en el caso de que Turquía llegue a convertirse, de aquí a 10 ó 15 años, en un país europeo y moderno, respetuoso de los valores democráticos y del Estado de derecho, no cabe duda de que acabará conquistando el corazón y la mente de los europeos, quienes darán su visto bueno –incluso a través de un referéndum– al proceso de ratificación (de su ingreso)”.
Hasta aquí las palabras de Rhen, hábil negociador que se resiste a compartir las reticencias de algunos miembros del “club”, como por ejemplo Francia o Austria, muy propensos a ofrecer una visión catastrofista de las futuras relaciones entre Bruselas y Ankara. Una semana antes de la publicación del informe anual de la UE sobre la Estrategia de la Ampliación, que evalúa los progresos realizados por los países candidatos, algunos representantes gubernamentales no dudaron en vaticinar que el documento será “muy crítico y muy duro” para con las autoridades turcas. Sin embargo, el informe elaborado por los expertos comunitarios reconoce una serie de avances en la aplicación de las reformas legales y estructurales aprobadas en la última década, aunque lamenta la lentitud del proceso en algunos sectores clave, como la libertad de expresión, la eliminación total de la tortura o los derechos sindicales y/o culturales. Aunque la normativa legal haya cambiado en los últimos 20 meses, la introducción de algunas medidas tropieza con la reticencia del sector más conservador o con la incapacidad de las estructuras estatales de amoldarse al nuevo marco jurídico.
Mientras los conservadores europeos se empeñan en hacer hincapié en las llamadas “diferencias culturales” que, según ellos, obstaculizan la modernización del país, las agrupaciones de izquierdas prefieren subrayar las carencias en materia de los derechos humanos. Son éstas viejas posturas que apenas varían; unas posturas a las que se suma otro factor conflictivo: la negativa de Turquía de aplicar las cláusulas del Tratado de Unión Aduanera a uno de los nuevos miembros de la UE: la República de Chipre, facilitando el acceso de los barcos y aviones de bandera chipriota a las instalaciones portuarias y los aeropuertos turcos.
La “cuestión chipriota”, eufemismo inventado hace más de tres décadas por los funcionarios de las Naciones Unidas, es uno de los mayores quebraderos de cabeza de la clase política de Ankara. Los trágicos acontecimientos de 1974, el golpe de Estado contra el Gobierno del arzobispo Makarios, los rumores de una posible anexión de la isla a la Grecia de los coroneles, etc., desembocaron en una sofisticada operación bélica ideada por la cúpula castrense del país otomano. Tras la victoria militar y la proclamación de la llamada República Turca del Norte de Chipre, los sucesivos Gobiernos turcos fueron incapaces de hallar una solución capaz de contemplar una retirada sin grandes costes políticos. Las autoridades turcas no parecen muy propensas a salir del avispero chipriota antes de abordar la fase final de las negociaciones para la adhesión a la UE. Sin embargo, los políticos de Atenas y de Nicosia insisten en precipitar la solución del conflicto. La respuesta de Ankara es, invariablemente, la misma: Turquía no negociará bajo presión.
Para tratar de salvar la cara y evitar una crisis institucional, la presidencia finlandesa de la UE formuló una propuesta de compromiso en cuatro puntos: Ankara dará luz verde a los intercambios comerciales entre Norte y Sur de la isla, facilitará la apertura del puerto de Famagusta, devolverá la localidad grecochipriota de Varosha y congelerá la política de expropiaciones de las propiedades de ciudadanos grecochipriotas abandonadas a raíz del conflicto de 1974. La no aceptación de dicho plan por parte del Gobierno Erdogan podría redundar en la suspensión o congelación de las negociaciones.
Bruselas (aún) no exige a los turcos que sean civilizados, europeos, demócratas, rubios y de ojos azules. Lo que se les pide es que renuncien a las posibles bazas para la negociación futura. Y eso, sabiendo que el hipotético ingreso o el portazo final está previsto para dentro de una década. Un auténtico calvario para un país cuyos pobladores han dejado de creer en los espejismos europeos, en el tan cacareado sueño comunitario.

Adrián Mac Liman
Escritor y periodista, miembro del Grupo de Estudios
Mediterráneos de la Universidad de La Sorbona (París)
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