La asignatura de Educación para la Ciudadanía en las escuelas españolas es ya una realidad desde el pasado mes de septiembre. Podemos continuar instalados en un debate estéril sobre la intención de voto o el modelo sexual de los jóvenes del año 2020 -en función del grado al que “hayan sido sometidos” a los nuevos contenidos que propugna la nueva Ley Orgánica de Educación- o podemos ponernos a trabajar para que este nuevo proyecto sirva, de manera real, para formar ciudadanos conscientes y activos.
La Educación para la Ciudadanía es una oportunidad para poner sobre la mesa, en este caso, sobre los pupitres, temas que preocupan a la sociedad en general y que nos afectan a todos: la pobreza, el cambio climático, las desigualdades de género… Y, como base para profundizar sobre estos aspectos, es preciso que los alumnos sean conscientes de los valores morales y los fundamentos éticos que no sólo han inspirado los derechos fundamentales y constitucionales sino que permiten nuestra convivencia diaria.
Con la nueva ley podremos dar coherencia y agrupar contenidos relacionados con el desarrollo, los derechos humanos, el medio ambiente, la paz… Pero para que realmente los jóvenes estudiantes sean conscientes de las injusticias sociales, conozcan cuáles son las herramientas para cambiar esta situación y actúen en consecuencia no podemos contar sólo con los conocimientos de una sola asignatura. Cada centro debe construir su Educación para la Ciudadanía -la ley es suficientemente amplia, y así lo permite- a través de su propia metodología, llevando a todas las áreas de conocimiento los problemas sociales y con un equipo docente formado para poder afrontar este reto.
No propongo una utopía; ya existen centros que, durante años, a través de las propuestas específicas de organizaciones ecologistas, pacifistas, de desarrollo, sociales… han construido este modelo y han hecho posible que los estudiantes vivan la solidaridad y el diálogo. Ello permite que los jóvenes tomen partido frente a la diferencia, que la entiendan como un factor de progreso y que actúen ante las desigualdades y la injusticia.
No apostar por las posibilidades que ofrece este nuevo marco normativo o limitarse a impartir de manera inductiva los contenidos mínimos a los que se está obligado por ley puede tener como resultado, en el mejor de los casos, crear “ciudadanos y ciudadanas” que conozcan sus derechos y deberes sin que necesariamente los ejerzan. Construir un modelo de Educación para la Ciudadanía, en el que la comunidad escolar se implique y que aborde problemas globales, un modelo basado en la deducción y la participación, contribuirá a crear ciudadanos globales; alumnos que sean personas y que contribuyan a la transformación de los aspectos injustos de la sociedad.

Ariane Arpa
Directora ejecutiva de Intermon Oxfam España
ccs@solidarios.org.es