Mejorar de coche es una opción, o incluso un capricho. Mejorar la salud es una necesidad del individuo, una inversión esencial de la sociedad que quiere alcanzar un desarrollo económico y social sostenible. Más aún, es un derecho fundamental e irrenunciable del ser humano, de todos los seres humanos. No hay política sanitaria que merezca llamarse como tal si distrae el objetivo de procurar la ‘mejor asistencia sanitaria posible’ a la que nos invita la OMS: la cobertura universal no es una opción, es la meta irrenunciable.
La economía de la sanidad tiene tres componentes: cómo obtener dinero para prestar servicios, decidir la cobertura del sistema, y mejorar la eficiencia con la que se gasta lo recaudado. Centrémonos en el más polémico: ¿a quién, cuánto y por cuánto debemos asistir?
Al hablar de ‘cobertura sanitaria’ hablamos de quién accede, a qué servicios, y cuánto le cuestan. Hablamos de cobertura universal cuando se incluye a toda la población en todos los servicios (prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación) sin participación directa del usuario en ninguno de los costes y sin que la enfermedad menoscabe la situación económica del individuo.
El acceso universal a los servicios sanitarios es crucial para construir una sociedad justa y equitativa. Sin embargo, ningún país del mundo tiene actualmente este tipo de cobertura. Por otra parte, incluso en los que destacan en alguno de los elementos mencionados, hay voces críticas que se alzan contra el coste de los mismos. Por ello, en el camino de los sistemas sanitarios hacia la cobertura universal  tiene que luchar para avanzar y para no retroceder.
Uno de los aspectos claves en la accesibilidad es el modelo elegido para pagar los costes de la asistencia. Básicamente, existen dos modelos. El primero es el pago directo de los servicios en el momento de utilizarlos. El segundo se conoce como mancomunación de gastos, y consiste en repartir el gasto entre toda la población cubierta por el sistema sanitario. A las fórmulas que combinan ambos sistemas, suele denominárseles copago.
Los pagos directos de la sanidad tienen graves repercusiones en la salud. Disuaden a los individuos de utilizar las medidas preventivas y de promoción de la salud, fomentan un modelo ineficiente e inequitativo de asistencia en el que se favorece la sobreutilización de aquellos que pueden pagarlo, y conducen a la infrautilización de los que más lo necesitan. Su tremendo impacto económico ya ha sido comprobado: la principal causa de quiebra económica familiar en Estados Unidos es la incapacidad para asumir facturas de la asistencia sanitaria, y cada año 100 millones de personas quedan por debajo del umbral de la pobreza debido a la misma causa.
Por el contrario, la mancomunación del riesgo, como la existente en los sistemas de seguridad social, hace que todos los individuos aporten a una hucha común antes de estar enfermos. La enfermedad supone un importante perjuicio económico a la persona que la padece, tanto por el coste de su asistencia como por los ingresos deja de percibir la persona enferma incapaz de trabajar. Este sistema diluye el riesgo de crisis financiera individual gracias al colchón protector de la aportación colectiva. Además, favorece la inversión en medidas preventivas y promoción de la salud, lo que reduce el gasto derivado de la asistencia a las enfermedades y mejora la calidad de vida de la población.
Sería ingenuo e irresponsable obviar que no existe la financiación que pueda asegurar el 100% de los costes y el 100% de los servicios necesarios al 100% de la población, con cobertura del 100% del perjuicio económico derivado de la enfermedad mediante prestaciones económicas. Al establecer sus políticas sanitarias, los países deben priorizar los servicios y prestaciones a financiar atendiendo a las características de su población, los recursos disponibles y los beneficios que se esperan de su implantación.
Es de buenos contables adaptar los gastos a los ingresos,  pero un gobernante no puede limitarse a cuadrar los balances. Con la misma firmeza que se establecen los servicios disponibles, debe asegurarse una financiación adecuada e indagar incansablemente los puntos ineficientes del sistema, para evitar gastos inútiles. ‘Con estos bueyes tenemos que arar’, me decía una abuelilla en la consulta. Aremos, pues, hasta desfallecer, y que no se pierda ni un grano en el pico de los pájaros.

Teodoro Martínez Arán
Médico especialista en Pediatría