NOAM CHOMSKY La creciente concentración de riqueza en unos pocos y el empobrecimiento de la población no son inevitables.
XAVIER CAÑO TAMAYO No bastará una victoria socialista en Francia para controlar a los “mercados” y salir del desastre. Hollande necesitará determinación para enfrentarse al poder financiero y sentar las bases para una mayor justicia social.
DAVID GARCÍA MARTÍN El delito de una persona no justifica la barbarie de un estado. La justicia no se alimenta de sangre. Lo más contradictorio está en la probada ineficacia de la pena de muerte como método disuasorio del crimen.
MERCÈ RIVAS TORRES A pesar de los avances en materia de derechos políticos y sociales, muchos descendientes de los esclavos negros aún padecen situaciones de explotación.
JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO Contra el fatalismo instaurado por los dirigentes de ese “gobierno del dinero supranacional”, surgen movimientos de resistencia global para despertar la conciencia ciudadana y denunciar a los gobernantes para exigirles que actúen regidos por la ética, la libertad y la justicia social.
JAVIER VALENZUELA Estados Unidos se reserva el derecho a eliminar a cualquier persona considerada una amenaza para la seguridad nacional, sin que sea detenido y presentado ante un juez. Queda así fijada la doctrina Obama, que hereda sin matices la de Bush.
XAVIER CAÑO TAMAYO Antes que una mercancía, la vivienda es un derecho humano universal. La ratificación de tratados internacionales ha de hacer cambiar, en función de su contenido, las leyes nacionales ante situaciones de gravedad como los cientos de miles de desahuciados en distintos países.
Este texto explica la reforma de la Ley Laboral aprobada en el Congreso de los Diputados en España, aprovechando la mayoría absoluta del Partido Popular.
Los trabajadores pobres” son gente que está trabajando a jornada completa pero que sigue por debajo del umbral de la pobreza. Un 14% de los trabajadores no pueden sacar a sus familias adelante a pesar de trabajar ocho o diez horas al día.
JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO La cadena perpetua “revisable” que exigen algunas asociaciones de familiares de víctimas del terrorismo no se ajusta a un ordenamiento jurídico que busca la reinserción y no la venganza social.
