Las dos principales falsedades neoliberales son que la ciudadanía ha vivido por encima de sus posibilidades y ahora ha de pagar. Y que la austeridad de los presupuestos públicos es el único modo de salir del agujero.

Las ciudadanías europeas recurrieron al crédito para adquirir bienes de consumo.

Cierto. Pero no fue un despilfarro, como pretenden. Lo que fue el crédito fue gran negocio para los bancos, aseguró un crecimiento que aumentaba los beneficios empresariales y  contribuyó a contener los salarios durante decenios, como ha explicado Fernando Luengo.

Comprar una vivienda, cuando apenas había mercado de alquiler, no es vivir por encima de las posibilidades. Adquirir algunos electrodomésticos y teléfonos celulares no es vivir por encima de las posibilidades. Viajar en vacaciones una vez al año no es vivir por encima de las posibilidades… Porque a eso se reduce lo que ha hecho gran parte de la ciudadanía. Hasta la crisis y ni siquiera todos.

Pero la minoría privilegiada sí se lanzó a especular, creando una economía de humo, irreal (hasta lograr que estallara la crisis), mientras se embarcaba en una orgía de derroche con sus obscenos beneficios, como indican, por ejemplo, las remuneraciones y planes de pensiones de las cúpulas dirigentes, así como las tasas de crecimiento del sector de lujo para el que no hay crisis.

Y en Europa, como escribe Juan Torres, “Alemania colonizaba las economías del sur europeo, adquiriendo activos, convirtiendo esos países en importadores masivos de sus productos y financiando su endeudamiento. Teoría e historia económicas nos enseñan que una potencia exportadora, como Alemania, solo es posible si, al tiempo que exporta, financia. En el marco cerrado de la economía europea, para que unos tengan superávit otros han de tener déficit; déficits que financian quienes tienen excedentes a su costa”.

Pero ahora, Alemania teme que esos países no paguen. De ahí la exigencia de austeridad. Mal llamada austeridad, porque, como recuerda también Torres, “solo se recortan los gastos vinculados al bienestar social para abrir la puerta a su privatización”.

Esa implacable exigencia de austeridad busca que los Estados tengan fondos para pagar sus deudas, pero sobre todo para que puedan proporcionar liquidez a los bancos y éstos puedan pagar sus privadas deudas. Porque la deuda grande es la privada, de empresas y bancos. En realidad, la crisis es lo dicho por uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffet: “Claro que hay lucha de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esa lucha. Y vamos ganando”.

La segunda mentira neoliberal es que la austeridad impuesta nos hará salir de la crisis. Paul Krugman se pregunta si no hemos aprendido nada sobre gestión económica en los últimos ochenta años y recuerda que cualquier universitario que estudie la Economía de Samuelson sabe que la austeridad, cuando hay riesgo de recesión, es una pésima idea. Reino Unido, Italia y España, que aplican una austeridad implacable, no se recuperan y demuestran el fracaso de la austeridad en Europa.

Heiner Flassbeck, economista jefe de Comercio y Desarrollo de la ONU denuncia que “con las orgías de recortes en toda Europa, estamos destruyendo nuestro propio mercado. De seguir así, el hundimiento será descomunal”. Y Christine Lagarde, directora gerente del FMI, afirma que los europeos van en dirección contraria al camino de final del túnel que empezó a verse en la primera mitad de 2011.

El FMI  ahora rectifica y pide plazos flexibles para la reducción de déficits, porque no es posible el gran esfuerzo fiscal que se exige, además de que conduce sin remedio a una recesión profunda (tal vez depresión) con menos crecimiento, menos consumo, menos inversión y más paro. La austeridad solo lleva al desastre.

Si la austeridad impuesta con gravísimo perjuicio de nuestros derechos se basa en mentiras, es ilegitima. No sólo cabe promover el gran movimiento cívico para no pagar deuda pública alguna cuya legitimidad no sea clara, sino que habrá que empezar a ejercer la desobediencia civil con los gobiernos que acepten reducir a la incertidumbre y a la pobreza a millones de ciudadanas y ciudadanos por el interés de unos pocos.

Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor

Para los analistas moscovitas, que prefieren olvidar el desmantelamiento, hace ya dos décadas, del imperio soviético, la supuesta “crisis de conciencia” de los europeos debería hacer recapacitar a los líderes de las repúblicas que conformaban la antigua URSS e incitarles a contemplar la posibilidad de “reconstituir una nueva unión de Estados” capitaneada por… ¡cómo no!, Moscú. Los politólogos rusos denuncian la llamada política del avestruz de los estadistas de la UE que, según ellos, esperan que el tiempo cure todas las heridas y haga olvidar a la ciudadanía los nefastos efectos de la crisis.

Por su parte, el “aliado” norteamericano aprovecha todas las oportunidades para achacar a “los 27” los efectos adversos de la compleja y peligrosísima evolución de la economía mundial: crisis de la deuda, inestabilidad de la moneda única, recesión, paro, disminución del consumo privado y un sinfín de etcéteras.

Ficticia o real, la debilidad de Europa encuentra sus raíces en las maniobras de los grupos de presión estadounidenses que, a través de la manipulación de los mercados financieros, tratan de impedir la salida del túnel. Los europeos tienen los medios y la voluntad para acabar con la tormenta bursátil, mas no se les permite levantar cabeza. En la guerra del Euro se utilizan muchos adjetivos, demasiados eufemismos, falsas verdades.

Pero los ataques no proceden sólo de las grandes potencias. Hay quién estima que la actuación de los propios líderes comunitarios constituye un peligro para el futuro de la Unión. El rechazo, en 2005, del Tratado Constitucional elaborado entre 2003 y 2004, ha devuelto la política europea al viejo modus operandi de las iniciativas franco-alemanas potenciadas en su momento por el general De Gaulle.

Estiman los expertos que la crisis constitucional derivada de la escasa voluntad de los gobernantes de aplicar el Tratado de Lisboa, versión “descafeinada” de la Carta Magna, limita la capacidad de reacción de la Unión frente a la tormenta financiera y la crisis económica, acentuando el desconcierto generado por la llamada “búsqueda de identidad” de los europeos. Aparentemente, ello se traduce por la incoherencia del discurso político comunitario, la falta de la amplitud de miras de las instituciones de Bruselas, su incapacidad de colocar al Viejo Continente en el lugar que le corresponde a la hora de abordar el problema de la reestructuración de las relaciones internacionales.

La crisis actual requiere acuerdos en materia financiera, aunque también, y ante todo, en la elaboración de estrategias colectivas de desarrollo económico, contando con la interacción entre los sectores público y privado.

Ante las perspectivas de la ralentización del proceso de cohesión de “los 27” o el desmembramiento de la UE – deseado por los detractores de una Europa fuerte – parece obvio que la única solución válida ha de ser la apuesta por una mayor integración, por… más Europa.

Adrián Mac Liman
Analista político internacional

España cuenta en la actualidad con 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en seis frentes de actuación en el extranjero. Más de la mitad se encuentran en Afganistán, una guerra o una operación de reconstrucción, según a quién se pregunte. Desde que las tropas españolas pisaron suelo afgano hace ya una década, 2.500 millones de euros del erario público han sido destinados a esta misión. Sólo en 2011, el gasto militar superó los 450 millones, más del 50% del total del presupuesto militar. O lo que es lo mismo; 1,23 millones de euros diarios para reconstruir un país en el que los atentados se han intensificado tras la ocupación y que han costado la vida a miles de civiles afganos pero también a 97 soldados españoles. “El Gobierno ha querido ocultar la realidad en Afganistán para no compararse con Iraq, pero lo cierto es que allí hay una guerra en la que se dispara a diario”, sostiene José Antonio Guardiola, enviado especial de TVE en la región.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL) cuenta con 1.100 militares españoles que participan en una misión de paz para asegurar la retirada del ejército israelí del sur del país. Su labor consiste en mantener la seguridad de la zona y facilitar al gobierno libanés el control del territorio dominado por guerrillas terroristas. Es la segunda operación más onerosa con un coste de 196 millones y medio de euros en el último año.

España forma también parte de la Operación Atalanta en aguas del Océano Índico. Con 370 soldados es, junto con Francia, la principal impulsora de EUNAVFOR; la flota europea de lucha contra la piratería en la zona. Los 97 millones de euros invertidos en 2011 han servido para mantener alejados a los piratas somalíes de los atuneros españoles, pero no para paliar los efectos que tienen sobre el ecosistema marino las prácticas de pesca abusivas que esquilman sus caladeros.

Además, 38 efectivos de las Fuerzas Armadas contribuyen a la instrucción de militares somalíes en Uganda. Este programa de adiestramiento costó 2 millones de euros el pasado año. España desempeña una labor similar en la República Democrática del Congo, o en Bosnia Herzegovina, donde el ejército español mantiene su presencia desde hace 19 años.

La intervención de la OTAN en el conflicto libio el pasado mes de marzo contó con la participación de 500 soldados españoles. Durante los 8 meses que duró la contienda, España desembolsó cerca de 95 millones, según el Ministerio de Defensa. Sin embargo, fuentes militares elevan la cuantía hasta el millón de euros diarios, si se suman los costes de munición, carburantes, dietas o seguros. Pese a la gravedad de la situación económica, el gobierno español no dudó en poner sus tropas al servicio de la OTAN. Cabe preguntarse para qué. Libia era el tercer proveedor de petróleo a España y hasta hace unos meses país amigo. Con la muerte del coronel  Gadafi y la victoria de los rebeldes, los pozos petrolíferos libios se encuentran en un proceso de repartición del que España parece que no sacará tajada.

Resulta contradictorio que un gobierno que se declara antibelicista destine el 5% del Presupuesto General del Estado a gastos militares, y haga caja con la venta de armamento a países en conflicto. Más aún cuando en su territorio se recortan prestaciones sociales en detrimento de la ciudadanía, que ve mermado su derecho a un empleo, a una vivienda, o a una sanidad y educación pública de calidad. El nuevo Ejecutivo ha asegurado que va a acometer “ligeras reformas” en el Ministerio de Defensa para ahorrar, pero no parece viable con las actuales perspectivas presupuestarias. Además, deberá afrontar el pago de los 30.000 millones de euros comprometidos con los grandes programas de armamento de los últimos 15 años. El reparto del dinero público debe dar prioridad al bienestar de la población, y no a salvaguardar la imagen del país en el exterior mediante absurdas intervenciones militares dictadas por potencias extranjeras.

Víctor Martínez González

Periodista

ccs@solidarios.org.es

El año más duro de la crisis económica fue también el año en el que España batió su propio récord de gasto militar. Un total de 861 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 fueron destinados a operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, según la documentación entregada por el gobierno saliente al nuevo Ejecutivo. Esta cifra puede resultar ínfima si se tiene en cuenta que se extrae de los 7.153 millones con que contó el Ministerio de Defensa el pasado año, pero también bochornosa cuando asistimos a  recortes drásticos del gasto público social por valores similares.

España cuenta en la actualidad con 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en seis frentes de actuación en el extranjero. Más de la mitad se encuentran en Afganistán, una guerra o una operación de reconstrucción, según a quién se pregunte. Desde que las tropas españolas pisaron suelo afgano hace ya una década, 2.500 millones de euros del erario público han sido destinados a esta misión. Sólo en 2011, el gasto militar superó los 450 millones, más del 50% del total del presupuesto militar. O lo que es lo mismo; 1,23 millones de euros diarios para reconstruir un país en el que los atentados se han intensificado tras la ocupación y que han costado la vida a miles de civiles afganos pero también a 97 soldados españoles. “El Gobierno ha querido ocultar la realidad en Afganistán para no compararse con Iraq, pero lo cierto es que allí hay una guerra en la que se dispara a diario”, sostiene José Antonio Guardiola, enviado especial de TVE en la región.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL) cuenta con 1.100 militares españoles que participan en una misión de paz para asegurar la retirada del ejército israelí del sur del país. Su labor consiste en mantener la seguridad de la zona y facilitar al gobierno libanés el control del territorio dominado por guerrillas terroristas. Es la segunda operación más onerosa con un coste de 196 millones y medio de euros en el último año.

España forma también parte de la Operación Atalanta en aguas del Océano Índico. Con 370 soldados es, junto con Francia, la principal impulsora de EUNAVFOR; la flota europea de lucha contra la piratería en la zona. Los 97 millones de euros invertidos en 2011 han servido para mantener alejados a los piratas somalíes de los atuneros españoles, pero no para paliar los efectos que tienen sobre el ecosistema marino las prácticas de pesca abusivas que esquilman sus caladeros.

Además, 38 efectivos de las Fuerzas Armadas contribuyen a la instrucción de militares somalíes en Uganda. Este programa de adiestramiento costó 2 millones de euros el pasado año. España desempeña una labor similar en la República Democrática del Congo, o en Bosnia Herzegovina, donde el ejército español mantiene su presencia desde hace 19 años.

La intervención de la OTAN en el conflicto libio el pasado mes de marzo contó con la participación de 500 soldados españoles. Durante los 8 meses que duró la contienda, España desembolsó cerca de 95 millones, según el Ministerio de Defensa. Sin embargo, fuentes militares elevan la cuantía hasta el millón de euros diarios, si se suman los costes de munición, carburantes, dietas o seguros. Pese a la gravedad de la situación económica, el gobierno español no dudó en poner sus tropas al servicio de la OTAN. Cabe preguntarse para qué. Libia era el tercer proveedor de petróleo a España y hasta hace unos meses país amigo. Con la muerte del coronel  Gadafi y la victoria de los rebeldes, los pozos petrolíferos libios se encuentran en un proceso de repartición del que España parece que no sacará tajada.

Resulta contradictorio que un gobierno que se declara antibelicista destine el 5% del Presupuesto General del Estado a gastos militares, y haga caja con la venta de armamento a países en conflicto. Más aún cuando en su territorio se recortan prestaciones sociales en detrimento de la ciudadanía, que ve mermado su derecho a un empleo, a una vivienda, o a una sanidad y educación pública de calidad. El nuevo Ejecutivo ha asegurado que va a acometer “ligeras reformas” en el Ministerio de Defensa para ahorrar, pero no parece viable con las actuales perspectivas presupuestarias. Además, deberá afrontar el pago de los 30.000 millones de euros comprometidos con los grandes programas de armamento de los últimos 15 años. El reparto del dinero público debe dar prioridad al bienestar de la población, y no a salvaguardar la imagen del país en el exterior mediante absurdas intervenciones militares dictadas por potencias extranjeras.

Víctor Martínez González
Periodista
ccs@solidarios.org.es

Es el segundo asalto contra ese juez. El primero fue cuando unos (presuntos) corruptos que han robado a espuertas dinero de todos, han logrado sentar en el banquillo para inhabilitarlo, para echarlo de la carrera judicial, a quien los procesaba. Es el caso Gürtel de España; una increíble trama de corrupción multimillonaria ligada a algunos dirigentes del Partido Popular. ¿Pretexto para juzgar a Garzón? Unas escuchas de conversaciones entre procesados y sus abogados autorizadas por el juez instructor, solicitadas por la policía, avaladas por el fiscal y prorrogadas por el juez que continuó la instrucción al llegar el caso a un tribunal superior. Pero Garzón solo es acusado de prevaricación y juzgado. Sorprendente. Aparte de que antes se han autorizado escuchas similares y nunca juez alguno ha sido acusado. Si es el caso, se declaran nulas como pruebas las conversaciones y se acabó.

El segundo juicio es por investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad del franquismo. El Tribunal Supremo aceptó la acusación de prevaricación contra Garzón, presentada por dos asociaciones franquistas: Manos Limpias (¡qué feroz burla!) y Libertad e Identidad. La defensa ha pedido la anulación de la causa, porque el instructor de la misma, un tal Varela, corrigió y arregló el escrito de acusación para que pudiera ser admitido. Increíble.

El pretendido fundamento de tal querella es la ley española de Amnistía de 1977 que -dicen- prohíbe investigar crímenes de la dictadura franquista. Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional, ha declarado que esa ley no impide la investigación de crímenes de guerra, pero, aunque lo prohibiera, España ha firmado y ratificado tratados internacionales que la obligan a investigar esos graves delitos por encima de sus leyes nacionales.

El Fiscal no apoya la acusación y pide la absolución de Garzón porque no prevaricó. Ha declarado que en tres décadas de carrera no ha visto nada como la insólita e insostenible actuación del juez instructor Varela.

Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y Amnistía Internacional se han pronunciado contra ese juicio y a favor del juez Garzón. Amnistía Internacional ha recordado que los crímenes de guerra y de lesa humanidad (como tortura y desaparición forzada) no prescriben jamás ni pueden ser nunca objeto de amnistía.

En España, según Amnistía Internacional y otros, que han investigado los crímenes perpetrados durante la guerra civil española y los primeros años de la dictadura franquista, cabe contabilizar más de 143.000 desaparecidos. En Argentina y Chile, que horrorizaron por sus desaparecidos durante sus dictaduras militares, hubo unos 3.500 ejecutados y desaparecidos en Chile, y 30.000 en Argentina. La cantidad de desaparecidos en España convierte la investigación de los crímenes del franquismo en una cuestión esencial para la democracia española.

Además de las lúcidas exigencias planteadas por el movimiento 15 M en sus denuncias de la  perversión y descomposición de la democracia, sometidos los gobiernos al poder financiero, en España hay que añadir como reivindicación imprescindible erradicar los últimos restos de franquismo. O no habrá democracia de verdad.

Como escribe Vicenç Navarro, “no hay mejor indicador de la escasa calidad de la democracia española que los juicios a Garzón”. Democracia disminuida por ser fruto de una Transición con plomo en el ala. Como insiste Navarro, “la Transición española fue un proceso dominado por las fuerzas conservadoras y los aparatos del franquismo, enquistados en el Estado español”.

Se pasó de la dictadura a una monarquía democrática en un marco de leyes franquistas sin la menor ruptura, mientras magistrados, muchos políticos, mandos policiales y jefes militares durante la dictadura conservaban puestos y prebendas y proseguían sus carreras transmutados a demócratas de toda la vida.

De modélica la transición española, nada.

Quizás la aspiración a un cambio de verdad despertado por los indignados del 15M sea el acicate necesario para la ruptura con el franquismo que nunca se hizo del todo. Porque no perdamos de vista que la Transición fue sobre todo mantener por todos los medios el orden social dominado por la minoría rica y privilegiada; es decir, el capitalismo de siempre.

Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor

La cantera mayor la proporciona Goldman Sachs, como lo muestra el libro Marc Roche, El Banco. Cómo Goldman Sachs dirige el mundo (ediciones Deusto, 2011). El autor es corresponsal en Londres de Le Monde, pero también escribe para otros prestigiosos diarios. La idea de este libro germinó, como él mismo dice, en la crisis financiera del otoño de 2008, aunque el proyecto está ligado a su trabajo profesional. La obra resulta interesante, y además, como el autor señala: “He querido a todo precio evitar el clásico cuento moralizante sobre la lucha entre el bien y el mal. También me he resistido a caer en el enfoque sesgado consistente en atribuir poderes maléficos a los que consiguen el éxito eminentemente a fuerza de trabajo. El Banco no es ni la encarnación del bien sobre la Tierra ni la potencia diabólica que muchos describen”.

No obstante, hay que subrayar que si bien ese enfoque no conspirativo es acertado, el mundo de las finanzas ha creado un desaguisado de tal naturaleza que resulta muy difícil deshacerlo y esto complica encontrar vías de salida a la crisis actual. La opacidad que rodea a las finanzas, la ingeniería financiera practicada, la emisión de derivados tóxicos, la utilización de los paraísos fiscales, entre otras cosas, así como el uso de prácticas irregulares, les hace responsables de una crisis de la que, sin embargo, salvo algún caso que otro, se están marchando de rositas.

Encima se les premia dándoles responsabilidades de gobierno. Se han utilizado cuantiosos recursos públicos para salvarles de la bancarrota, y gran parte del déficit público se debe a ello. No se les ha exigido nada a cambio, y no solamente eso, sino que han vuelto por sus fueros dando elevados bonus a sus ejecutivos, como premio  por habernos llevado al borde del abismo. Pero si la caída al abismo no se ha producido ha sido por las intervenciones públicas. Habría que exigir responsabilidades políticas y penales por el daño causado, y esto no se está haciendo. A más de uno habría que quitarle la licencia como banquero, o inhabilitarle como alto ejecutivo.

El nuevo ministro de economía en España ha sido un alto ejecutivo de Lehman Brothers, el banco que arrastró a todos hacia un posible desastre si no se hubiera actuado con rapidez por parte de los diferentes gobiernos, pero que ha tenido elevados costes. Al nuevo ministro, por si no se ha enterado de lo que pasó en su propio Banco, le recomiendo la película Margin call, que nos ayuda a comprender qué es lo que pasó en 24 horas en una institución financiera, que puede ser precisamente la suya. Por supuesto, a todos se la recomiendo, así como el documental Inside Job. Películas que ayudan a entender más que muchos libros de economía opacos y confusos.

Dicho todo esto, poco se puede esperar de este Gobierno en España, y que ya con las primeras medidas tomadas ha dado claras muestras de por donde van a ir los tiros. No se trata de insistir en los efectos perversos que tienen las medidas de ajuste, de lo que ya hemos escrito en varias ocasiones, pero sí manifestar una y otra vez de que faltan remedios que vayan a la esencia de las causas y no a los efectos. A algunas de esas causas habría que añadir la burbuja inmobiliaria, en la que las finanzas también desempeñan una elevada responsabilidad, y a la que se quiere volver, tal vez como añoranza de un pasado en el que se suponía que España iba bien, mientras se estaban sembrando las semillas de la destrucción económica y de empleo.

Las medidas tomadas, con el fin de resolver el tan denostado déficit público, y que seguramente nos conducirán a más paro y a una recesión, supondrán un deterioro del Estado del bienestar, la investigación, la ciencia, el medio ambiente, la atención a los mayores, y en definitiva, acabarán con lo que ha sido un progreso significativo, aunque no suficiente, de la sociedad española.
Carlos Berzosa
Catedrático de Economía y ex Rector de la UCM

Los negocios de compra-venta de oro empezaron a multiplicarse en el inicio de la crisis. En tiempos de declive económico su valor se multiplica. En 2002 el precio de la onza de oro rondaba los 250 dólares; la semana pasada el precio de la onza se situó en 1.639 dólares. Estas cifras son los precios del lingote y las monedas, el oro en forma de joya pierde valor al tener que pasar por toda la cadena de intermediarios y fundidos.

“Vender caro lo que se compra barato es el lema de los propietarios de las tiendas de empeños”, afirma Javier Morálvez. Llegó a España hace 15 años desde Ecuador y sin dificultad encontró empleo como albañil en una gran empresa constructora. Hace cinco años tras una reducción de plantilla fue despedido. Ante este panorama decidió buscar un nuevo trabajo: captador de clientes para tiendas de empeño. Javier es uno de los cientos de captadores que recorren la Puerta del Sol cada día cubierto con un chaleco amarillo fosforito y letras negras que anuncian Compro Oro.

El negocio del Oro es un valor seguro. Los más agudos lo supieron cuando vieron venir la crisis. Ahora todas las joyerías cuentan con uno o dos captadores. “La mayoría de los que trabajamos para las joyerías y casas de empeños venimos del mundo de la construcción. Es un buen trabajo, son muchas horas pero tenemos un buen sueldo”, explica Javier.

Negocios que se establecen en oficinas de astronómico valor, cuentan con una plantilla de entre 10 y 12 empleados y no conocen los días festivos. Estas tiendas compran el gramo de oro por 25 o 26 euros, cifras que varían cada día según su valor en Bolsa. A continuación venden el metal a las fábricas de fundición por unos 36 euros. Los lingotes que salen de esas fábricas son adquiridos por grandes inversores que pagan por ellos el precio de mercado. En definitiva, estos negocios ganan una media de 7.000 a 8.000 euros limpios por semana.

Un cordón de oro, una cadena con su nombre y un anillo herencia de su abuela son las tres joyas que Lucía Molina ha empeñado en El Monte de Piedad de Madrid. Los Montes de Piedad son los antecesores de las actuales casas de empeño. Estas instituciones tienen su origen en el siglo XV con la misión de atender a las clases sociales más necesitas. Mediante la concesión de préstamos gratuitos sin interés, que garantizaban con alhajas y ropas, trataban de suavizar la usura. Con el paso de los siglos los Montes de Piedad dejaron de lado su carácter solidario para empezar a cobrar intereses.

“Empeña tus joyas y recupéralas por el mismo valor”, anuncian muchas casas de empeño. La realidad es muy diferente. Por cada cuarenta días que transcurren desde su empeño el valor de la joya aumenta un 10%, lo que se traduce en un sustancial aumento en el precio cuando el depositario quiere recuperar sus joyas.

Lo que nació como una herramienta para ayudar a los más desfavorecidos se ha convertido en un instrumento de usura. Son las personas más desfavorecidas las que acuden a estas tiendas para vender parte de sus recuerdos. Tienen la esperanza de recuperar sus joyas algún día, sin embargo la mayor parte no logra rescatarlas. Ya sea porque carecen de los recursos económicos necesarios o porque sus alhajas terminan siendo vendidas o subastadas.

Con la crisis ha vuelto el oro y sus negocios donde miles de españoles venden su joyero familiar. Cada una de estas joyas contiene una historia. Dinamita, toneladas de roca triturada y algo de ilusión se oculta en cada anillo de boda. En el negocio del oro se ven reflejadas las consecuencias del declive económico, el desempleo y un desarraigo obligado para poder salir adelante.

Irene Casado Sánchez
Periodista
ccs@solidarios.org.es
Twitter: @CCS_Solidarios

¿Por qué la Unión Europea no pone coto a las actuaciones de las oscuras agencias de rating que atacan Europa? ¿Por qué la casta política europea solo gime y se lamenta, pero no reacciona? A estas alturas deberían saber que no pueden comprarles jamás un coche usado, parafraseando el dicho popular, porque no son nada fiables. Nada. Y lo han demostrado ampliamente.

Esas agencias ocupan las portadas de Europa desde hace meses con titulares como “Rebajan la calificación al fondo de rescate de la UE; las agencias rebajan la calificación de España e Italia; amenazan con rebajar la calificación de España si no se aprueba  pronto la reforma laboral; las agencias dan un hachazo a los países del euro…”. El resultado es un severo agravamiento de la denominada crisis de la eurozona. Y lo más grave, sin fundamentos dignos de tal nombre.

En teoría, Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s indican la seriedad y solvencia económica de grandes empresas y estados que emiten títulos o bonos de deuda. En teoría también, sus calificaciones asesoran a los grandes inversores que compran esos títulos, bonos u otros productos de deuda para que sepan si les costará cobrar o no los intereses y recuperar el capital invertido. En teoría.

Pero lo cierto es que, como asesoras de solvencia económica, esas agencias de rating son un desastre, al otorgar la máxima calificación de solvencia a empresas que han quebrado 48 horas después. La banca Lehman Brothers, por ejemplo, se hundió irremisiblemente con la máxima calificación otorgada por esas agencias. Tampoco vieron venir ni de lejos la crisis de 1997; en 2001, cuatro días antes de la quiebra de la poderosa estadounidense Enron, aún le otorgaban una calificación de solvencia muy positiva, y menos aún se enteraron de la toxicidad de las hipotecas basura hasta que les explotaron en los morros y desataron la peor crisis económica en casi un siglo. Y no  se percataron de que los títulos de deuda griegos no eran fiables, considerándolos inversiones de primer orden hasta el último minuto. ¿Cuántos ejemplos más son necesarios para dejar claro que no hacen bien su teórico trabajo?

Podemos concluir por tanto que esas agencias son incompetentes e incapacitadas. Pero hay más. William J. Harrington, que fue vicepresidente de Moody’s, elaboró un informe de 78 páginas que envió a la SEC (autoridad que vigila el mundo de la bolsa y las inversiones financieras en EEUU). En dicho informe denuncia que Moody’s impone a los analistas que den a los clientes de la agencia las calificaciones positivas que quieran, para que no se vayan a otras agencias. Y Yuri Yoshizawa, director de Derivados de Moody’s, declaró ante la Subcomisión financiera del Senado de EEUU que en la empresa había compraventa de calificaciones. Es decir, además, prostituidos.

En realidad, como denuncia el filósofo Bernard-Henri Lévy, las tres agencias de rating son un inaceptable oligopolio en la calificación de solvencia de las inversiones financieras. Pero además esas agencias son incompetentes y deshonestas como se ha podido ver. Corruptas también, como denuncia el catedrático de economía Albert Recio. Por esas razones, en España, Italia y otros países europeos se han presentado querellas criminales contra las nefastas actuaciones de las agencias de rating. En Italia, agentes de la policía contra delitos fiscales han registrado recientemente las oficinas de Standard & Poor’s en Milán en busca de documentación sobre sus muy discutibles y oscuras decisiones. ¡Aleluya! Esperemos que cunda el ejemplo.

Las agencias de rating con sus calificaciones a la baja torpedean sin ningún rigor ni análisis digno de tal nombre la credibilidad y solvencia de empresas y estados. El resultado inicial, en el caso de los estados, es que suben los intereses de los títulos y bonos de deuda soberana. Así crecen los beneficios de bancos y grandes fondos que son los que compran deuda pública. Pero resulta que hay una estrecha relación entre los accionistas de agencias de rating, bancos y fondos de inversión, mezclados todos como en una melé de rugby. Algo huele a podrido en el reino de esas agencias, ¿no?
Porque lo cierto es que las agencias de rating son juez y parte; incapaces, deshonestas, incompetentes y oscuras… Habrá que hacer algo y cuanto antes, mejor.

Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor

Hace dos décadas, tras la caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento del imperio soviético, los países de Europa oriental pertenecientes contra su voluntad al mal llamado “campo socialista”, se apresuraron a abrazar las ideas liberales de sus antiguos enemigos de la OTAN, de sus hasta entonces rivales de la Comunidad Económica Europea.

Los nuevos gobernantes de las antiguas “democracias populares” no dudaron en pasarse, con armas y bagajes, al bando occidental, hechizados tal vez por las bucólicas imágenes de las cintas en Tecnicolor, que cantaban las loas de la libertad y el bienestar material. La integración de los países “satélites” de la difunta URSS en el concierto de las democracias occidentales se llevó a cabo con prisa y sin pausa. Lo que se pretendía era evitar por todos los medios el “efecto del péndulo”, es decir, un posible (e incluso probable) giro a la derecha.

A comienzos de la década de los 90, parecía fácil neutralizar la tentación totalitaria de las recién liberadas naciones del Este europeo. Según los miembros del misterioso comité de expertos financieros de la R.F. de Alemania, las arcas del Banco Central germano contaba con reservas suficientes para garantizar no sólo la reconversión socio-económica de Alemania del Este, sino con bastantes recursos para financiar los cambios estructurales en la totalidad de los países del antiguo bloque soviético.

La apuesta por la unificación del Viejo Continente se convirtió, pues, en la máxima prioridad de los gobernantes de Bonn y París, más interesados aparentemente en acabar con la zona de influencia de Moscú que ofrecer a los pobladores de Europa oriental  condiciones de vida semejantes a las de sus vecinos occidentales. De hecho, en la mayoría de los casos, la tramitación de las solicitudes de adhesión a la CEE – UE se llevó a cabo haciendo caso omiso de la debilidad de las economías de los candidatos, que apenas cumplían los requisitos básicos exigidos por Bruselas. Algunos Gobiernos siguieron el (mal) ejemplo de Grecia, manipulando los indicadores económicos. Ante las protestas de los “eurócratas” los gobernantes se limitaban a contestar lacónicamente: “No se molesten en exigirnos demasiado; París (o Bonn) apoyan nuestra candidatura…”

Con el paso del tiempo, los políticos de Europa oriental se convirtieron líderes del movimiento de los “euroescépticos”. La Europa real no ofrecía los “encantos” de las películas en Tecnicolor; la construcción del edificio comunitario reclamaba esfuerzos, cuando no sacrificios. Un precio demasiado elevado para los suspicaces y reacios pobladores del Este europeo. De hecho, los primeros en tratar de obstaculizar la marcha de la Unión, oponiéndose a la adopción y puesta en la práctica del Tratado de Lisboa fueron los Gobiernos conservadores de la República Checa y Polonia. Mas a la hora de la verdad, la sangre no llegó al río…

Pero los tiempos cambian y la problemática comunitaria también. Después del “susto” provocado por la llegada al poder en Austria del ultraderechista Jörg Haider, y la necesidad de “limpiar la cara” de la UE, Bruselas trató por todos los medios de impedir cualquier intento de desviacionismo ideológico. Sin embargo…

Hace apenas unas semanas, el Gobierno conservador de Hungría, liderado por el acérrimo anticomunista Viktor Orban, anunció la adopción de una nueva Carta Magna que, junto con la modificación de la normativa legal atenta, según la Comisión de la UE, contra la autonomía del Banco Central, la independencia de la Justicia y la libertad de expresión. Sin olvidar, claro está, la manipulación de la ley electoral, que beneficia a las agrupaciones de corte conservador o el debilitamiento del Tribunal Constitucional. Motivos estos suficientes para que los países del Benelux reclamen la apertura de un expediente contra la política de Hungría.

Los húngaros se comprometieron modificar algunas leyes en el plazo de 30 días establecido por la Comisión. Algunas, pero no todas. El concepto de soberanía sigue imperando en los países del antiguo campo soviético. En ese contexto, el malestar generado por las decisiones unilaterales adoptadas por el eje París-Berlín parece desembocar en un auténtico movimiento de rechazo.

Los conservadores húngaros amenazan con abandonar la UE; los populistas rumanos denuncian la utilización de “sus” fondos de cohesión para financiar de deuda griega, los búlgaros, que ostentan el triste récord de campeones de la corrupción y la criminalidad, plantan a su vez cara a la Comisión. En resumidas cuentas, Viktor Orban no está solo; la brecha entre comunitarios ricos y pobres se está ensanchando.

Adrián Mac Liman
Analista político internacional
ccs@solidarios.org.es

Más de 150 millones de euros al año cuestan a España las cerca de 200 oficinas en el exterior de sus comunidades autónomas. Y en tiempos donde se pide a los ciudadanos “apretarse el cinturón”, estos gastos son difíciles de asumir por muchos españoles. Hace unos días el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ofrecía las instalaciones de las sedes diplomáticas del país a las comunidades autónomas, como medida para rebajar el déficit público. Mientras para algunos las sedes en el exterior son un despilfarro, otros hablan de valor añadido.

Cataluña es la comunidad con más representación en el exterior. Le siguen la Comunidad Valenciana y Andalucía. Entre estas tres, suman una cifra cercana a 100 oficinas. Muchas en lugares estratégicos, como puede ser Bruselas, pero también en otros, como Mozambique o Ucrania, que no parecen ser países de alta prioridad. En el último año, sólo Asturias y Castilla La Mancha han decidido cerrar sus oficinas en países extranjeros, como medida de ahorro. Sugerencia que ya lanzó el ex presidente de Gobierno de España, Rodríguez Zapatero. Pero, en ese momento, a nadie le pareció que fuese interesante para aplicarla.

Comunidades autónomas, como Cataluña, creen que las oficinas en el exterior son fundamentales. Incluso, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 se recalca la importancia de la presencia de esta comunidad en el extranjero y se habla de impulsar estas oficinas para apoyar la imagen de Cataluña en el exterior y para mejorar las relaciones de bilaterales.

Por su naturaleza, las sedes autonómicas en el exterior no son negativas. Todo lo contrario, ayudan a mejorar la imagen de las autonomías, y por tanto de España. Además, se crean alianzas y relaciones de cooperación que son beneficiosas. Sin embargo, todo esto debería quedar en un segundo plano cuando lo que está en juego son recortes en servicios básicos, como la educación, la sanidad o las pensiones. Los ciudadanos españoles, un día sí y otro también, escuchamos a nuestros políticos hablar de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Y hay que darles la razón. Las Administraciones han vivido como nuevos ricos. Gastando dinero, porque lo había o, por lo menos, porque había crédito. Pero hoy las cosas han cambiado. La crisis ha hecho que el Gobierno, este y el anterior, tomaran medidas muy duras de ajuste para controlar un déficit público que veían dispararse. La receta, entonces, no ha sido recortar gastos superfluos, oficinas en el exterior o rebajar el número de asesores. La receta, recortar servicios básicos, no pagar la calefacción de los colegios o la luz o reducir el número de médicos.

En España, queremos ser como los europeos. Pero aún hay muchos países que nos dan lecciones. Ahí están los países nórdicos que comparten edificios de sus sedes de embajadas y consulados por muchos países del mundo para abaratar costes en seguridad, en personal, en administración… Ese puede ser un ejemplo de eficiencia a seguir.

Para muchos expertos, la creación de oficinas de España en el extranjero no ha seguido un orden estratégico. Han proliferado por países de todo el mundo, quizá, de una manera desordenada. La coordinación de nuestro trabajo en el exterior puede dar grandes frutos en el futuro sin necesidad de despilfarrar el dinero de los ciudadanos. Los españoles ya se han apretado el cinturón, “han hecho esfuerzos”, como decía la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saéz de Santamaría. Ahora es el momento de las diferentes Administraciones. Es necesaria una mayor coordinación para que no haya duplicidades, pensar en el bien general para que todos salgamos de esta crisis. Sin dejar atrás derechos y servicios públicos que tanto costó conseguir.

Ana Muñoz Álvarez
Periodista
ccs@solidarios.org.es

Pocos días después de comprar su sexto submarino nuclear alemán, Israel suaviza su discurso sobre un ataque preventivo contra Irán. Cuesta 700 millones de euros cada “arma del juicio final”, como se conoce a los submarinos Delfín por su capacidad para albergar hasta cuatro misiles con cabeza nuclear y para alcanzar objetivos a 1.500 kilómetros de distancia. Pero los medios de comunicación ensalzan las supuestas negociaciones de países occidentales con Irán, lideradas por Estados Unidos, aliado incondicional de Israel.

El ministro de defensa israelí, Ehud Barak, asegura ahora que las sanciones económicas contra Irán empiezan a dar resultados. Su enemigo declarado no se ha quedado atrás en la presión diplomática al amenazar con el bloqueo del Estrecho de Ormuz, vital para los intereses energéticos de Israel y de Estados Unidos.

El atentado con bomba que segó la vida del científico nuclear persa Mostafa Roshan y de su guardaespaldas había puesto en guardia al gobierno iraní. En dos años, otros cuatro científicos nucleares iraníes han sido asesinados. El “régimen de los Ayatolás” tiene varios enemigos. Sin embargo, cuesta creer que a la juventud indignada, a los árabes suníes y a los exiliados que se oponen al régimen les interese eliminar a un profesor universitario de física que supervisaba una planta nuclear. En los últimos años, Israel se ha apoyado en informes de la AIEA para acusar a Irán de ocultar el desarrollo de un programa nuclear con fines bélicos. Por estos motivos existen sospechas de una posible implicación del Mossad, servicio secreto de Israel conocido por sus secuestros, sus asesinatos selectivos y sus operaciones clandestinas.

Cuando se estableció el embargo a Sudáfrica hace décadas, Israel apoyaba al régimen del apartheid, le vendió armamento, tecnología y los servicios de mercenarios que habían obtenido su formación en el ejército y en el Mossad. Muchos se vieron implicados en operaciones para desestabilizar a otros países africanos recién independizados.

Se les atribuye el entrenamiento de escuadrones de la muerte, de paramilitares y hasta de integrantes de los cárteles de la droga en Colombia. Se sospecha la llegada de agentes del Mossad para frenar los secuestros de  judíos en México hace unos años y de su posible participación en el entrenamiento militar de los Zetas, considerados una amenaza para la seguridad nacional. 

Como las autoridades iraníes han estrechado el cerco sobre la población extranjera para impedir el asesinato de sus físicos nucleares, cobra fuerza la hipótesis de la contratación de sicarios iraníes por parte del Mossad para colocar las bombas y matar a sus objetivos. Israel no niega ni confirma las acusaciones. Ha amparado sus comportamientos de estado ampón, los asesinatos selectivos y la ocupación de nuevos territorios, contrarios a las resoluciones de la ONU, en la doctrina del espacio vital. Dicho de otra forma, el fin – la supervivencia del estado de Israel – justifica los medios.

La deformación del lenguaje explica la pertenencia de Irán al eje del mal por desarrollar tecnología nuclear que podría utilizarse para fines bélicos, mientras Israel ya cuenta con esas armas y con los dispositivos para lanzar un ataque nuclear. Han sabido aprovechar las declaraciones del presidente iraní como “prueba” de sus planes de exterminio. Por su parte, Israel no forma parte del Tratado de no Proliferación Nuclear, ni tampoco ha negado o reconocido su posesión de armamento nuclear; nunca ha permitido la entrada de inspectores nucleares.

La propaganda israelí ha conseguido equiparar la crítica al Estado de Israel con un supuesto “antisemitismo”, como si los judíos fueran los únicos semitas. La animadversión hacia el estado de Israel va más allá de los países vecinos por el ataque a flotas con  ayuda humanitaria a Gaza, la construcción de miles de viviendas en territorios ocupados, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia las declarara contrarias a derecho internacional, y su lenguaje cargado de amenazas. La retirada de la financiación de Estados Unidos a la UNESCO por reconocer al Estado palestino muestra el poder de los lobbies en la política exterior estadounidense. Aunque el gobierno se desenvuelva con comodidad en este contexto de crispación, su sociedad civil empieza a cuestionar el discurso belicista, el autoritarismo y la falta de una democracia real en la que se suele denominar “la única democracia de Oriente Medio”.

Carlos Miguélez Monroy
Coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias
ccs@solidarios.org.es